
Resultados de la evaluación del cumplimiento de las DACGs de metano de la ASEA
El Observatorio Mexicano de Emisiones de Metano (OBMEM) identificó 365 empresas potencialmente sujetas a las Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACGs) en materia de emisiones de metano. Entre las principales obligaciones establecidas por estas disposiciones se encuentran la presentación del Programa para la Prevención y el Control Integral de las Emisiones de Metano del Sector Hidrocarburos (PPCIEM), la implementación de programas de Detección y Reparación de Fugas (LDAR, por sus siglas en inglés) y la entrega de reportes periódicos de cumplimiento.
Con el propósito de fortalecer la transparencia y facilitar el seguimiento de estas obligaciones, el OBMEM desarrolló una base de datos nacional mediante la revisión, integración y depuración de información pública. Entre las fuentes consultadas se encuentran el Sistema de Información de Hidrocarburos, Rondas México, las plataformas de datos abiertos de PEMEX, la información disponible sobre refinación y procesamiento de gas natural, los registros de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y las respuestas obtenidas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Actualmente no existe una base de datos pública, oficial y consolidada que reúna a todos los sujetos regulados por las DACGs de metano. Por ello, la base elaborada por el OBMEM constituye un universo de referencia construido con la información pública disponible. Este instrumento permite identificar empresas, contrastar registros y evaluar el cumplimiento documental de la regulación mediante un procedimiento transparente y reproducible.
La información recopilada muestra un aumento en el número de empresas que han entregado su PPCIEM ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). Los registros disponibles pasaron de entre 13 y 34 empresas durante 2022 a 43 en abril de 2023 y 53 en junio del mismo año. El incremento más pronunciado se presentó entre junio y septiembre de 2023, cuando la cifra aumentó de 53 a 97 empresas. Posteriormente, se registraron 116 empresas en noviembre de 2023, 135 en abril de 2024 y aproximadamente 178 en febrero de 2026.
El último registro equivale a cerca de 48% de las 365 empresas incluidas en la base de referencia del OBMEM. Este resultado evidencia avances en la entrega de los PPCIEM, pero también muestra una brecha significativa en el cumplimiento documental. No obstante, la proporción debe interpretarse con cautela: la inclusión de una empresa en la base no implica necesariamente que todas sus instalaciones estén sujetas a la misma obligación, y la entrega de un programa no demuestra por sí sola que haya sido aprobado, ejecutado correctamente o que haya producido reducciones verificables de emisiones.
En consecuencia, la presentación del PPCIEM debe considerarse un indicador inicial de cumplimiento. Para evaluar la efectividad de la regulación es necesario complementar esta información con el análisis de los reportes anuales, los dictámenes de terceros autorizados, la ejecución de las medidas comprometidas y los resultados verificables de reducción de emisiones.

En cuanto a los programas de Detección y Reparación de Fugas (LDAR, por sus siglas en inglés), la información proporcionada por ASEA identifica 169 empresas con programas entregados. Al comparar este listado con la base de 365 empresas reguladas elaborada por el OBMEM, se confirmaron 165 coincidencias, ya fuera por correspondencia exacta o por una variante de la razón social. Esto equivale a 45.2% del universo de referencia y a 97.6% de los registros incluidos en el listado de ASEA.
La comparación también identificó un caso que requiere revisión manual debido a diferencias en la escritura de la razón social y tres registros del listado de ASEA que no pudieron relacionarse con empresas de la base del OBMEM. Estas diferencias muestran la necesidad de contar con identificadores únicos, razones sociales normalizadas y una base pública consolidada de sujetos regulados. Una mejor estandarización permitiría dar seguimiento a las obligaciones con mayor precisión y distinguir entre la entrega de documentos, su validación y la aplicación efectiva de las medidas de detección y reparación de fugas.
En conjunto, los resultados muestran avances en la entrega de PPCIEM y programas LDAR, pero también una brecha importante respecto del universo de empresas identificado. Para evaluar el cumplimiento sustantivo será necesario complementar estas cifras con información sobre instalaciones obligadas, fechas de presentación, dictámenes de terceros autorizados, frecuencia de las inspecciones LDAR, fugas detectadas y reparadas, y reducciones de emisiones verificadas.
